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Cuando las rentas de los agricultores dependen en casi un 40 por ciento de las ayudas de las Política Agraria Común (PAC), es normal la expectación que despierta lo que se ha discutido y decidido en Bruselas. Unos acuerdos que van a condicionar los ingresos de cientos de miles de agricultores y ganaderos españoles, desde otoño de 2015 hasta el 2020. Ahora solo falta pasar el trámite de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y del Pleno, algo que se producirá en julio.
Durante los próximos días e incluso semanas, se podrá leer y escuchar todo tipo de análisis sobre lo que implica para cada uno de los numerosos subsectores agrarios. Lo que sucede es que las grandes estimaciones son sencillas y muy generales, y las de detalle, las que marcan lo que realmente va a cobrar cada agricultor o ganadero, es todavía pronto para realizarlas. Entre otros motivos porque todavía queda por saber cómo se va a aplicar en cada país. En España parece que va a ser con carácter nacional y no regional, pero debe ser abordado y resuelto.
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